El Ayuntamiento de Chula Vista votó el martes por la noche a favor de una resolución que reafirma el compromiso de la ciudad con el debido proceso, la seguridad pública y lo que las autoridades denominaron “responsabilidad vecinal”. La resolución ordena al administrador municipal implementar seis medidas, entre ellas, garantizar que las políticas municipales se ajusten a las leyes estatales y federales que protegen la privacidad personal y el debido proceso; desarrollar una campaña de educación pública multilingüe sobre “Conozca sus derechos”; y establecer procedimientos para la respuesta policial a las solicitudes de cumplimiento de las leyes federales de inmigración. La resolución también exige que los futuros contratos municipales prohíban la divulgación de datos personales en cooperación con acciones policiales discriminatorias y restringe el acceso a áreas no públicas de las instalaciones municipales para actividades policiales basadas en características personales protegidas, a menos que esté autorizado por ley, orden judicial o mandato judicial. El concejal César Fernández, quien presentó la resolución, afirmó que esta refuerza la legislación estatal vigente, en particular el Proyecto de Ley del Senado 54, y no impide la cooperación con las autoridades federales cuando se siguen los procedimientos legales adecuados. “Esta resolución reafirma que no toleraremos acciones policiales ilegales o no reguladas en nuestra ciudad”, declaró Fernández. “Deja claro que actuaremos con todo el rigor de nuestra autoridad, utilizando políticas sólidas e información precisa para proteger a los residentes de Chula Vista”. El concejal Michael Inzunza afirmó que la resolución busca garantizar que los residentes se sientan seguros al acceder a los servicios municipales. “No queremos que una mujer víctima de violencia doméstica tema llamar a la policía para que la proteja o salve su vida”, declaró Inzunza. La resolución también insta a la ciudad a explorar alianzas de financiamiento con organizaciones sin fines de lucro locales para brindar asistencia en situaciones de crisis, gestión de casos y servicios de asistencia legal. Actualmente, la ciudad tiene un contrato con la Sociedad de Asistencia Legal de San Diego para servicios relacionados con vivienda justa e inmigración. El alcalde John McCann se abstuvo de votar, alegando su cargo como oficial naval y un posible conflicto con la ley federal. Cuando Inzunza le preguntó si existía un conflicto, el abogado municipal Marco Verdugo declaró que “desconocía que el empleo del alcalde le impidiera votar”, pero añadió que, según el código municipal, una abstención sin justificación se registra como voto a favor. Original Story.
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