En julio, agentes federales de inmigración llevaron a Milagro Solís-Portillo al Glendale Memorial Hospital, en las afueras de Los Ángeles, luego que sufriera una emergencia médica estando detenida. Nunca se fueron del hospital. Durante dos semanas, contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hicieron guardia en el vestíbulo del hospital las 24 horas del día. Se tomaron turnos para vigilar sus movimientos, contó Ming Tanigawa-Lau, la abogada de Solís-Portillo. Luego, el ICE trasladó a la mujer salvadoreña al Anaheim Global Medical Center, en contra de las indicaciones médicas y sin dar ninguna explicación, según dijo la abogada. Tanigawa-Lau contó que allí les permitieron a los agentes del ICE quedarse dentro de la habitación de Solís-Portillo todo el tiempo, escuchando conversaciones entre la paciente y el personal médico que deberían haber sido privadas. Solís-Portillo le dijo a su abogada que los agentes la presionaron para que dijera que estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital, advirtiéndole que no podría comunicarse ni con su familia ni con su abogada hasta que aceptara irse. “Me lo describió como una situación en la que sentía que la estaban torturando”, enfatizó Tanigawa-Lau. Expertos legales explican que los agentes del ICE pueden estar en áreas públicas de un hospital, como el vestíbulo, y pueden acompañar a pacientes que ya están detenidos mientras reciben atención médica, lo que refleja el alcance de la autoridad federal. Sin embargo, los pacientes detenidos tienen derechos y pueden tratar de defenderse por sí mismos o buscar ayuda legal. Este año, California destinó $25 millones para financiar servicios legales para inmigrantes, y algunas jurisdicciones locales -incluidos el condado de Orange, Long Beach y San Francisco- también han asignado fondos para iniciativas de ayuda legal. El Departamento de Servicios Sociales de California enumera algunas organizaciones sin fines de lucro que han recibido estos fondos. Sophia Genovese, abogada supervisora y profesora clínica en la Facultad de Derecho de Georgetown, explicó que los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, pueden custodiar e incluso mantener esposada a una persona bajo su custodia mientras recibe atención médica. Pero deben cumplir con las leyes constitucionales y de privacidad médica, sin importar el estatus migratorio del paciente. Según esas normas, los pacientes pueden pedir hablar en privado con los proveedores médicos y tener acceso confidencial a asesoría legal, explicó Genovese. “ICE debe ubicarse fuera de la habitación o fuera del alcance auditivo durante cualquier conversación entre el paciente y su doctor o proveedor de salud”, dijo Genovese, y agregó que lo mismo aplica a las comunicaciones con abogados. “Eso es lo que se supone que deben hacer”. Guías de ICE En cuanto a la comunicación y las visitas, las normas del ICE establecen que los detenidos deben tener acceso a un teléfono y poder recibir visitas de familiares y amigos, “dentro de las limitaciones operativas y de seguridad”. Sin embargo, Genovese dijo que esas pautas no se exigen por ley. Si los agentes de inmigración arrestan a una persona sin una orden judicial, deben informarle el motivo de la detención y, por lo general, no pueden retenerla más de 48 horas sin tomar una decisión formal sobre su custodia. Un juez federal concedió recientemente una orden de restricción temporal en un caso en el que un hombre llamado Bayron Rovidio Marín fue vigilado por agentes de inmigración en un hospital de Los Ángeles durante 37 días sin que se le presentaran cargos. En el pasado, si se percibían violaciones por parte de los agentes, se podían reportar a las oficinas locales del ICE, a la sede de la agencia o a organismos de supervisión, explicó Genovese. Pero este año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redujo el personal de las oficinas del ombudsman que investigan denuncias por violaciones a los derechos civiles, argumentando que esas oficinas “obstruían la aplicación de las leyes migratorias al agregar trabas burocráticas”. Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del DHS, dijo que los agentes arrestaron a Marín por estar en el país ilegalmente y que él mismo admitió su estatus migratorio ante los agentes del ICE. McLaughlin dijo que lo llevaron al hospital luego de que se lastimara una pierna mientras intentaba escapar de los oficiales federales durante una redada. McLaughlin señaló que los agentes no le impidieron comunicarse con su familia ni usar el teléfono. “Todos los detenidos tienen acceso a teléfonos que pueden usar para comunicarse con sus familias y abogados”, agregó. McLaughlin calificó como “activista” a la jueza que emitió la orden de restricción temporal. No respondió a preguntas sobre los recortes de personal en las oficinas del ombudsman. El DHS también dijo que Solís-Portillo estaba en el país sin autorización. Según el departamento, había sido expulsada de Estados Unidos en dos ocasiones y había sido arrestada por los delitos de uso de identificación falsa, robo y entrada en una vivienda ilegalmente. “El ICE se toma muy en serio su compromiso de ofrecer entornos seguros, protegidos y humanos para quienes están bajo nuestra custodia”, dijo McLaughlin. “Desde que una persona entra bajo custodia del ICE, es práctica de larga data proveer atención médica integral, lo que incluye acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”. Protecciones en California El Anaheim Global Medical Center no respondió a un pedido de comentarios. En un comunicado, Dignity Health, que opera el Glendale Memorial Hospital, afirmó que “legalmente no puede restringir la presencia de personal de seguridad o agentes del orden en áreas públicas, lo que incluye el vestíbulo o las salas de espera del hospital”. En septiembre, California aprobó una ley que prohíbe a los establecimientos médicos permitir la entrada de agentes federales a áreas privadas -incluyendo espacios donde los pacientes reciben atención o discuten temas de salud- si no presentan una orden de cateo o un mandato judicial válido. Sin embargo, muchas de las noticias más destacadas sobre la presencia de agentes de migración en centros de salud han involucrado a pacientes detenidos que fueron trasladados para recibir atención. Erika Frank, vicepresidenta de asesoría legal de la California Hospital Association, dijo que los hospitales siempre han recibido personas detenidas que necesitan atención médica por parte de las autoridades, incluidos agentes federales. Según Jan Emerson-Shea, vocera de la asociación, son las autoridades quienes deciden si un paciente necesita ser vigilado todo el tiempo. Si un agente del orden escucha información médica mientras está presente en el hospital, eso no constituye una violación de la privacidad del paciente, agregó. “Legalmente, no es diferente de que otro paciente o visitante escuche información sobre alguien en una cama cercana o en una sala de emergencias”, dijo Emerson-Shea en un comunicado. No respondió si los pacientes pueden exigir privacidad con el personal médico o con sus abogados, y señaló que los hospitales no informan a familiares o amigos sobre la ubicación del paciente detenido, por razones de seguridad. Sandy Reding, presidenta de la California Nurses Association, visitó las instalaciones de Glendale cuando Solís-Portillo estuvo internada. Contó que tanto enfermeras como pacientes se sintieron intimidados al ver agentes de inmigración con máscaras en el vestíbulo del hospital. Dijo que los vio sentados detrás del escritorio donde se registran los pacientes, desde donde podían escuchar conversaciones sobre información médica privada. “Los hospitales solían ser un lugar seguro, y ahora ya no lo son”, dijo. “Y parece que el ICE actúa sin restricciones”. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene previsto votar el 18 de noviembre una propuesta para brindar mayor protección a las personas detenidas en centros de salud administrados por el condado. Estas medidas incluyen limitar la capacidad de los funcionarios de inmigración para ocultar la identidad de los pacientes, permitir que estos den su consentimiento para la divulgación de información a familiares y abogados, e instruir al personal para que exija que los agentes de inmigración abandonen la habitación en determinados momentos para proteger la privacidad de los pacientes. El condado también defenderá a los empleados que intenten hacer cumplir sus políticas. La abogada de Solís-Portillo, Tanigawa-Lau, dijo que su clienta finalmente decidió regresar voluntariamente a El Salvador en lugar de pelear su caso, porque sentía que no podía recibir la atención médica que necesitaba mientras estuviera bajo la custodia del ICE. “Aunque el caso de Milagro es realmente terrible, me alegra que ahora haya más conciencia sobre este tema”, afirmó Tanigawa-Lau.
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